La participaci\u00f3n es un aspecto que se integra como parte de las metas consideradas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030. La implementaci\u00f3n de instrumentos legales y marcos normativos que faciliten la participaci\u00f3n ciudadana es uno de los pasos para su consecuci\u00f3n. En M\u00e9xico, 26 de las 32 entidades federativas cuentan con una ley de participaci\u00f3n ciudadana. Sin embargo, el total de instrumentos por entidad y el alcance de los mismos son diferentes por estado. El siguiente art\u00edculo es un estudio exploratorio que tuvo como objetivo medir el alcance de los instrumentos de participaci\u00f3n ciudadana en M\u00e9xico actualizados hasta septiembre de 2020; para ello se realiz\u00f3 una revisi\u00f3n de las leyes y art\u00edculos sobre participaci\u00f3n ciudadana con ayuda del software ATLAS.ti versi\u00f3n 9.0.15. Se identificaron los instrumentos de participaci\u00f3n contenidos en los documentos normativos y se midi\u00f3 el alcance de los mismos considerando cinco categor\u00edas: colaboraci\u00f3n, consulta, difusi\u00f3n, legislativo y rendici\u00f3n de cuentas. De los resultados se desprende que 61% del total de instrumentos en M\u00e9xico se perfila como de consulta, sobresaliendo el refer\u00e9ndum y el plebiscito. Los marcos normativos sobre participaci\u00f3n ciudadana dentro de las leyes estatales es un paso hacia la mediaci\u00f3n en la toma de decisiones entre gobierno y sociedad; si bien estas normas estatales establecen mecanismos de participaci\u00f3n, estos todav\u00eda se limitan a instrumentos de consulta, por lo que a\u00fan falta por crear puentes m\u00e1s s\u00f3lidos entre sociedad y gobierno<\/p>\n\n\n\n
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